La insumisión de colectivos médicos (en número de 826 profesionales y
creciendo, en las Comunidades que acatan el RDL-16/2012) y el hecho de
que ya tres Comunidades no acepten discriminar a la población inmigrante
(Andalucía, Asturias y Catalunya) es (con más probabilidad que un
impulso tardío de compasión debidamente cobrada) lo que ha motivado la
orden que prepara el Gobierno Rajoy sobre atención a inmigrantes
“irregulares”. El Pais
ha podido saber que las personas menores de 65 años que necesiten ser
atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar una
“cuota” de 710,40 euros al año o lo que es lo mismo, 59,20 mensuales.
Desde los 65 años en adelante, el coste supone 1.864,80 euros anuales
(155,40 al mes). Y en todos los casos, habrá “descuentos” para nuevos
miembros de la familia que se acojan al convenio…
La imagen que nos quieren evocar desde el PP –y con la que nos
machacarán los contertulianos paniaguados “à la Marhuenda”– es la de
acomodados ciudadanos extranjeros que disfrutan de sus años de
jubilación en el clima mediterráneo y abusando de nuestro sistema
público de salud (que por otro lado las Mato y Farjas se están cargando a
marchas forzadas). Pero no se dejen engañar. De quien estamos hablando
es de personas inmigradas que carecen de “papeles” porque no encuentra
trabajo (o porque han caído en manos de empresarios que no han declarado
su situación laboral) y que ya deben llevar empadronadas en España más
de un año.
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